Motivados por la recesión global desencadenada por la Covid-19, los gobiernos del mundo han resuelto un conjunto de políticas para estimular sus economías. Estas son bastante heterogéneas, aunque el común denominador es que resultan en un incremento del gasto público. Pareciera que Venezuela está incluida en esta tendencia, a una escala mucho menor, pues el país no cuenta con recursos para emprender políticas de estímulo a través de un importante gasto; nos encontramos en una precaria situación fiscal, lo que significa poca o nula capacidad de maniobra para atender incluso la emergencia sanitaria. A pesar de eso, se han ejecutado algunas transferencias directas por medio del Sistema Patria, que por supuesto, reportan costos económicos que tarde o temprano deberán pagar los ciudadanos.

Dada la opacidad en las cifras concernientes a las finanzas del Estado, se hace pertinente elaborar — con la poca información disponible — algunos ejercicios de cálculo que nos ayuden a tener una noción sobre qué tan costosas han sido estas transferencias, que junto con el confinamiento, se han convertido en la principal acción política en medio de la pandemia. El período que se ha tomado para el análisis va desde enero a julio de 2020.