“El estado, entendido en amplio sentido, tiene la obligación de ser el garante de la seguridad pública y es el responsable de conservar el orden y la paz sociales, para que los individuos puedan dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo y crecimiento del país, sin temores ni preocupaciones a ser agredidos, atacados o desposeídos, o, habiendo sido víctima de ello, existan mecanismos que aseguren castigo o represión legitima al causante, por lo que en la presente obra se analizará la actuación de los cuerpos de seguridad como actor principal de la investigación en el proceso penal acusatorio.”